Hace dos años, la DANA del 29 de octubre de 2024 mató a más de 220 personas en la provincia de Valencia. Hoy, las cifras oficiales hablan de miles de millones movilizados, de metro reabierto y de empleo recuperado. Todo eso es cierto. Pero la pregunta que debería presidir este aniversario no es cuánto se ha gastado, sino si l’Horta Sud está hoy más protegida que aquel día. La respuesta honesta es que apenas.
Este editorial reúne varios análisis publicados en las últimas semanas en JsmGiner.com: la DANA, el apagón de abril de 2025 y el trasvase Tajo-Segura. Pertenecen a ámbitos distintos y no comparten culpables. Sí comparten un patrón: España repara bien lo que se rompe y tarda demasiado en cambiar lo que lo rompió.
La DANA: el dinero llegó, la protección no
Como detallo en La DANA, dos años después, el Gobierno daba el 27 de octubre por abonados 10.028 millones, 4.661 de ellos a través del Consorcio de Compensación de Seguros (EFE), y la Generalitat ha pagado la práctica totalidad de las ayudas a las familias de las víctimas. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha destinado cerca de 190 millones a obras de emergencia. Son esfuerzos reales y conviene reconocerlos.
Pero las obras de emergencia reparan cauces; no aumentan su capacidad. El encauzamiento del barranco del Poyo y su desvío parcial al Turia, que llevaban años planificados, siguen en fase de anteproyecto, con obras previstas hasta 2030. Mi juicio es claro: una reconstrucción que repone lo perdido sin reducir el riesgo solo deja preparado el escenario para la próxima riada.
La advertencia no es teórica. Hace diez días, el 19 de octubre, la dana Adam dejó más de 700 litros por metro cuadrado en la Safor y la Marina Alta, desbordó ríos y obligó a confinar el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, con vecinos rescatados en helicóptero en Oliva y Pego, como conté en el seguimiento de la dana Adam. Dejó tres muertos en la Comunitat, dos en Oliva y uno en Sagunto, según Atlántico; comparo su gestión con la de 2024 en el primer balance de la dana Adam. Esta vez los avisos llegaron con horas de margen; la pregunta sobre el territorio sigue abierta.
La responsabilidad de ese retraso está repartida entre administraciones y gobiernos de distinto signo durante décadas. Repartirla no la diluye. Cada administración con competencias debería publicar, con fechas, qué obras le corresponden y en qué punto están. Lo que no es aceptable es que, dos años después, el principal debate siga siendo quién pagó más.
Los tribunales no sustituyen a la política
La causa penal sobre la gestión de la emergencia sigue abierta en Catarroja, con la instrucción prorrogada hasta el 30 de abril de 2027 y, según EFE, 690 declaraciones y 71 tomos acumulados (Infobae/EFE). El Tribunal Superior de Justicia rechazó en marzo investigar al expresident Mazón. Respeto ambos cauces y no me corresponde anticipar responsabilidades penales.
Pero la responsabilidad política no depende de una sentencia. Se puede esperar a que los jueces decidan sobre los delitos y, a la vez, exigir que quienes gestionaron la alerta y quienes tenían que haber hecho las obras rindan cuentas en las instituciones. Confundir ambas cosas solo sirve para que nadie responda de nada.
El apagón: la misma lógica en otra red
El análisis sobre la red eléctrica y el apagón del 28 de abril muestra un patrón idéntico. El problema del control de tensión estaba identificado desde 2020; la norma que permitía a las renovables ayudar a resolverlo esperó cinco años en el regulador y solo se aprobó después del cero eléctrico.
Hoy el sistema funciona en un modo reforzado, más seguro y más caro, cuya factura pagan consumidores que no tuvieron ninguna responsabilidad en el retraso, como cuento en el balance de expedientes, costes e indemnizaciones del apagón. Mi criterio es que la prevención que no se hace a tiempo no se ahorra: se paga después, y con recargo.
El agua: un año húmedo no resuelve nada
En el análisis del trasvase Tajo-Segura explico que el recorte avalado por el Supremo apenas se nota este año porque la cabecera del Tajo está llena. Es el mismo error en otra forma: confundir la ausencia de crisis con la solución del problema. Cuando llegue el próximo año seco, la pregunta de quién paga el agua desalada seguirá sin respuesta si no se contesta ahora.
Lo que propongo medir
La política de emergencias suele evaluarse por lo que se gasta después de la catástrofe. Propongo invertir la pregunta y medir lo que se ha protegido antes de la siguiente:
- Cuántas obras de prevención de inundaciones están en ejecución, no en proyecto.
- Cuánta capacidad de control de tensión aportan ya las renovables a la red.
- Quién pagará el agua que deje de llegar por el trasvase y con qué calendario.
- Si los sistemas de alerta a la población funcionan, con simulacros públicos y evaluados.
Esas cuatro preguntas tienen respuesta en cifras. Exigirlas no requiere tomar partido; requiere memoria.
Un aniversario para la exigencia, no solo para el recuerdo
El pasado domingo, 25 de octubre, en el castillo de Alaquàs, la Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia lo resumió en una frase: «queda mucho por hacer y por reconstruir» (Moncloa.com). Y dos familias siguen sin poder enterrar a los suyos: Elisabeth Gil y Francisco Ruiz continúan desaparecidos, y lo único que piden es que no se deje de buscar (El Debate).
Este 29 de octubre mi posición es concreta. A las víctimas, recuerdo y verdad; a las familias de los desaparecidos, una búsqueda que no se dé por cerrada. A las administraciones, calendario público de las obras pendientes y rendición de cuentas por las que no se hicieron. A los partidos en campaña, propuestas medibles en lugar de reproches. Y a los ciudadanos, que no aceptemos que la reparación se presente como protección.
Reconstruir es devolver lo que había. Proteger es cambiar lo que falló. Dos años después de la DANA, lo primero está en marcha; lo segundo sigue esperando.
Los análisis citados forman parte de la guía sobre la Comunidad Valenciana y de la guía de emergencias y preparación.
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