Apagón del 28 de abril: expedientes de la CNMC, informes y una comisión sin conclusiones

El 28 de abril de 2025, a las 12:03, la red eléctrica española se vino abajo y hubo hogares y empresas que pasaron más de doce horas a oscuras. Año y medio después, el apagón ya no abre telediarios, pero sigue vivo en los despachos: la CNMC tramita decenas de expedientes por el apagón contra Red Eléctrica y las grandes eléctricas, la comisión del Congreso decae sin conclusiones con la disolución de las Cortes, la «operación reforzada» suma 783 millones de euros y la OCU ha llevado a los tribunales la pregunta que más interesa a los consumidores: quién indemniza.

Del apagón ya sabemos casi todo lo técnico. Lo que sigue pendiente es lo que tiene consecuencias: quién responde, cuánto cuesta y quién lo paga.

Qué se dijo entonces

En las semanas posteriores, el debate buscó culpables rápidos. Los informes oficiales llegaron después y, sin entrar aquí en la explicación técnica, coinciden en lo esencial: el fallo estuvo en el control de la tensión, no en una tecnología concreta.

El comité creado por el Gobierno presentó su informe el 17 de junio de 2025, 49 días después. Habló de una «insuficiencia de capacidades de control dinámico de las tensiones», apuntó sobre todo a la programación de REE y a centrales que no absorbieron la energía reactiva que debían, y descartó un ciberataque. El informe final de ENTSO-E, la red europea de gestores de transporte, publicado en marzo de 2026, coincidió y recomendó, entre otras cosas, eliminar la excepción que permitía a España operar la red de 400 kV hasta 435 kV.

La primera respuesta política fue el llamado decreto antiapagones, el Real Decreto-ley 7/2025, aprobado el 24 de junio de 2025. Preveía más supervisión de la CNMC y sanciones también para centrales de gas y nucleares que no absorbieran la reactiva exigida. El Congreso lo tumbó el 22 de julio de 2025: votaron en contra los partidos de la derecha, Junts, Podemos, BNG y Chunta.

Los expedientes de la CNMC por el apagón: dónde están

El 17 de abril de 2026, la CNMC abrió una veintena de expedientes sancionadores. El de REE es el único calificado como «muy grave», con multas de 6 a 60 millones de euros; los de instalaciones de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad son «graves», de 600.001 euros a 6 millones. Una semana después, el 24 de abril, añadió otros 15, casi todos contra Endesa y el resto contra TotalEnergies, Engie, ContourGlobal La Rioja y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, por conductas detectadas en la investigación pero ocurridas otros días. En mayo, el recuento de The Objective elevaba el total a 64 expedientes y las multas máximas posibles a 546 millones.

La CNMC insiste en que abrir un expediente «no prejuzga el resultado final» y en que esos indicios no atribuyen por sí solos el origen del apagón a ninguna empresa, porque el incidente tuvo un «origen multifactorial». Los plazos legales de resolución van de nueve a dieciocho meses.

A 28 de octubre de 2026, no hay ninguna sanción firme. Según publicó El Mundo el 5 de octubre, la CNMC quiere cerrar en torno a medio centenar de expedientes hacia marzo de 2027: más de 20 afectan a Iberdrola y más de 10 a Endesa y a Naturgy. El de REE se deja para el final, y en él la CNMC propone la sanción pero la resolución corresponde al Gobierno. Ahí hay una paradoja: la multa no puede superar el 10 % de la cifra de negocio y, calculada solo sobre los menos de 90 millones que REE factura como operador del sistema, el tope rondaría los 9 millones. REE, por su parte, ha cuestionado el procedimiento alegando conflicto de interés y falta de pruebas.

Hilera de torres de alta tensión cuyas líneas se apagan al atardecer y, en primer plano, una pila de expedientes iluminada por una lámpara coral
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental.

Dos comisiones, dos finales

El Senado, con mayoría absoluta del PP, cerró su comisión de investigación el 16 de abril de 2026. Aprobó las conclusiones del PP por 17 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, y señaló como responsables al Gobierno, a REE y a la CNMC. El senador popular Miguel Ángel Castellón resumió la tesis: el apagón «no fue un accidente imprevisible».

La comisión del Congreso arrancó en febrero de 2026 y empezó a trabajar en abril, con los primeros ejecutivos de Endesa (José Bogas), Iberdrola (Mario Ruiz-Tagle) y Naturgy (Francisco Reynés). El 18 de mayo comparecieron la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto. El 14 de septiembre lo hizo la directora de Operación de REE, Concepción Sánchez. En total, solo cinco sesiones. Con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, la comisión decae y no podrá aprobar conclusiones.

Qué ha cambiado y quién lo paga

Desde mayo de 2025, REE opera el sistema en «modo reforzado», con más centrales de gas acopladas para controlar la tensión. A finales de marzo de 2026 el sobrecoste superaba los 666 millones; el 14 de septiembre, Concepción Sánchez lo cifró en el Congreso en 783 millones y aseguró que se está reduciendo de forma significativa: de esa cifra, 267 millones corresponden a 2026. Según REE, acabar con él depende de trasladar a la normativa nacional un criterio sobre la variabilidad de la tensión que todavía no se ha incorporado.

Hay cálculos más altos, aunque no son oficiales. Un análisis de la consultora Nera Economic Consulting al que accedió The Objective sitúa el sobrecoste en 1.940 millones entre el 30 de abril de 2025 y el 31 de mayo de 2026, sobre todo por restricciones técnicas. Y el Observatorio del coste de los servicios de Operación, en el que están Aelec, AEGE, Cepyme y ACIE, calcula que esos servicios costaron 4.360 millones de enero a septiembre de 2026, un 41 % más según sus datos, y que el año puede cerrar cerca de los 6.000 millones; pide que la CNMC fiscalice esos costes, «especialmente los de la operación reforzada».

Sí ha habido cambios de fondo. La CNMC aprobó el 30 de junio de 2026 (BOE del 10 de julio) la reforma de los procedimientos de operación 7.4 y 14.4 para que las renovables presten el control de tensión de forma dinámica y cobren por seguir consignas en tiempo real. Según REE, 275 plantas con 13.380 MW que no podían controlar la tensión el día del apagón ya lo hacen. La Orden TED/82/2026, por su parte, obliga a las pequeñas instalaciones de autoconsumo a soportar huecos de tensión sin desconectarse.

El cambio más caro llega por otra vía. El 29 de mayo de 2026, la Comisión Europea autorizó el mecanismo de capacidad español: unos 9.000 millones en diez años, alrededor de 900 millones anuales, para pagar a centrales, almacenamiento y grandes consumidores por garantizar firmeza, «teniendo en cuenta el apagón». El 16 de septiembre, la ministra Sara Aagesen anunció la orden que crea ese mercado de capacidad, que se financiará con cargo a los consumidores en la factura, y elevó el plan de inversión en redes hasta 2030 de 13.600 a 17.000 millones. Es la Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, publicada en el BOE el 17: prevé subastas principales, de ajuste y transitorias, administradas por REE como operador del sistema y supervisadas por la CNMC. A 28 de octubre no hay fecha oficial para la primera; según Energía Estratégica, el sector la espera para el primer semestre de 2027.

Indemnizaciones y tribunales

El 30 de julio de 2026, la OCU presentó un acto de conciliación ante el Tribunal de Instancia de Alcobendas contra REE, diez distribuidoras y las cincuenta principales comercializadoras. Pide información para acreditar que no hubo fuerza mayor, un cauce colectivo de indemnización y el pago en 30 días de las compensaciones automáticas por calidad de suministro. Según su estimación, una vivienda urbana con 4,6 kW contratados que estuvo unas 12 horas sin luz debería recibir de media unos 17 euros. El juzgado lo admitió el 8 de septiembre y dio a las empresas diez días hábiles, hasta el 22 de septiembre, para responder. A 28 de octubre no consta públicamente ningún acuerdo. Si las empresas no responden o rechazan la propuesta, el juzgado debe citar a las partes a una vista, y la OCU se ha reservado la demanda colectiva si tampoco hay acuerdo allí.

El otro frente es entre empresas. En abril de 2026, la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid (plaza número 15) se declaró competente para estudiar la demanda de Iberdrola contra REE y Redeia por competencia desleal: Iberdrola sostiene que la apuntaron injustamente como origen del apagón al señalar su planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz.

Una gran balanza junto a torres eléctricas: en un platillo, una pila de monedas sobre una larga factura desenrollada; en el otro, una sola moneda coral
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental.

Mi análisis

El apagón ha seguido el camino de muchas crisis españolas: diagnóstico técnico razonablemente rápido y respuestas institucionales lentas y fragmentadas. Los informes del Gobierno y de ENTSO-E coinciden en lo básico. Lo que no ha llegado es la rendición de cuentas.

Las dos comisiones parlamentarias lo ilustran. La del Senado concluyó, pero sus conclusiones son las de un partido aprobadas por su mayoría. La del Congreso no concluye nada: cinco sesiones y un cierre por disolución. Ninguna de las dos ha servido, por sí sola, para cambiar una norma.

Las normas han cambiado por caminos más técnicos y menos visibles: un procedimiento de operación, una orden sobre autoconsumo, un mecanismo de capacidad. Probablemente necesarios, pero con algo en común: se pagan en la factura. Los 783 millones de la operación reforzada y los hasta 9.000 millones del mercado de capacidad los asume el consumidor, mientras la indemnización que reclama la OCU para ese mismo consumidor ronda los 17 euros y depende de un juzgado.

Queda, además, la paradoja de la multa a REE. Si el expediente «muy grave» termina con una sanción limitada por la facturación de la actividad de operación, el mensaje será incómodo: la falta más grave, la multa más pequeña. Y la decisión final, según lo publicado, será del Gobierno. La CNMC y el ministerio harán bien en explicar con detalle cómo se calcula cada importe.

Un apagón se repara en horas. Saber quién responde de él está costando años, y la cuenta ya está en la factura.

Qué vigilar

  1. Las primeras resoluciones de los expedientes «graves» de la CNMC, previstas hacia marzo de 2027, y el importe de cada multa.
  2. La propuesta de sanción a REE y si el tope del 10 % se calcula sobre la actividad de operación o sobre toda la empresa.
  3. La respuesta de REE, distribuidoras y comercializadoras a la conciliación de la OCU y si acaba en demanda colectiva.
  4. La primera subasta del mercado de capacidad y cuánto añadirá a la factura.
  5. Si las nuevas Cortes que salgan del 29 de noviembre reabren la investigación del apagón.

Fuentes y documentos

  • Xataka (informe del comité del Gobierno sobre el apagón, 17 de junio de 2025).
  • Asociación Empresarial Eólica (análisis del informe final de ENTSO-E y medidas de la CNMC, marzo de 2026).
  • El Salto (el Congreso tumba el Real Decreto-ley 7/2025, 22 de julio de 2025).
  • The Objective (apertura de expedientes sancionadores, 17 de abril de 2026).
  • El Independiente (15 nuevos expedientes, 24 de abril de 2026).
  • The Objective (64 expedientes y multas máximas de 546 millones, 11 de mayo de 2026).
  • Qué! (calendario de resolución y tope de la multa a REE, a partir de El Mundo, 5 de octubre de 2026).
  • El Periódico de la Energía (conclusiones de la comisión del Senado, 16 de abril de 2026).
  • El Debate (comparecencias en la comisión del Congreso, 17 de mayo de 2026).
  • Infobae (agencias) (las comisiones del Congreso decaen con el adelanto electoral, 5 de octubre de 2026).
  • elDiario.es (REE cifra en 783 millones la operación reforzada, 14 de septiembre de 2026).
  • El Independiente (balance del primer aniversario, 26 de abril de 2026).
  • BOE (Resolución de la CNMC de 30 de junio de 2026 sobre los procedimientos de operación 7.4 y 14.4).
  • El Periódico de la Energía (Bruselas autoriza el mecanismo de capacidad, 29 de mayo de 2026).
  • El Independiente (orden del mercado de capacidad, 16 de septiembre de 2026).
  • OCU (acto de conciliación contra REE, distribuidoras y comercializadoras, 30 de julio de 2026).
  • Infobae (agencias) (admisión de la conciliación de la OCU, 14 de septiembre de 2026).
  • Law&Trends (demanda de Iberdrola contra REE y Redeia, 21 de abril de 2026).
  • Economist & Jurist (admisión de la conciliación de la OCU y siguientes pasos, 15 de septiembre de 2026).
  • The Objective (análisis de Nera Economic Consulting y cifras de REE sobre la operación reforzada, 21 de septiembre de 2026).
  • Osborne Clarke (Orden TED/966/2026, por la que se crea el mercado de capacidad, BOE del 17 de septiembre de 2026).
  • Energía Estratégica (subastas transitorias y calendario pendiente del mercado de capacidad, 13 de octubre de 2026).
  • El Independiente (coste de los servicios de operación según el Observatorio de Aelec, AEGE, Cepyme y ACIE, 22 de octubre de 2026).

Cómo funciona la red y por qué se vino abajo aquel mediodía lo expliqué en Cómo funciona la red eléctrica y por qué se cayó el 28 de abril. Sobre cómo los costes energéticos acaban en la factura, puede leerse también El tope al gas aplaza la subida: 3,1 millones pagarán la diferencia con intereses y, sobre el peso de la energía en los precios, La inflación sube al 4,9 %: qué la empuja, qué hace el escudo anticrisis y quién paga. Una comparación internacional sobre renovables y redes está en Renovables en Australia: del récord a la factura, y el contexto electoral que deja sin conclusiones la comisión, en Elecciones generales del 29 de noviembre: calendario, encuestas y qué se juega.

Más de la serie «Qué fue de»

Este análisis forma parte de la serie «Qué fue de» y de la guía de economía y bolsillo.

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