Rusia aumenta la defensa y recorta partidas sociales en 2027

Nota: este análisis se publicó el 29 de septiembre de 2026 y refleja la información disponible en esa fecha.

El borrador ruso de las cuentas para 2027 eleva la partida de defensa a 17,1 billones de rublos, un 27 % por encima de la previsión anterior para ese año. A la vez, reduce las asignaciones federales previstas para política social, educación, sanidad e inversión económica. La decisión aún debe recorrer el trámite parlamentario: sus cifras describen una prioridad presupuestaria propuesta, no prestaciones ya recortadas ni gasto ejecutado.

La pregunta material no es solo cuánto dinero se reserva para la guerra, sino qué margen queda para sostener servicios, inversión y deuda. El proyecto permite ver esa distribución, con dos límites esenciales: compara partidas frente a una versión presupuestaria anterior y solo cubre el presupuesto federal ruso.

Qué cambia en las cuentas de 2027

Un análisis de documentos fiscales consultados por Reuters el 29 de septiembre sitúa el gasto de defensa en 17,1 billones de rublos. La versión inicial del plan para 2027 contemplaba 13,5 billones: el aumento entre ambos borradores es del 27 %. Es la mayor cifra de defensa prevista desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, aunque el gasto militar real no se limita a esa rúbrica.

En la misma comparación, la partida de política social —que incluye pensiones estatales, ayudas a veteranos y prestaciones por maternidad— baja un 7 %. Educación cae un 6 %, sanidad un 6,8 % y el apartado de «economía nacional», que incluye carreteras, infraestructuras y ayudas a sectores productivos, un 7,4 %. Son variaciones de asignaciones presupuestarias frente al plan inicial, no porcentajes de reducción de cada pensión, tratamiento o servicio.

El Gobierno ruso aprobó el proyecto para el trienio 2027-2029 el 24 de septiembre, según la información de Interfax sobre la reunión del gabinete. El ministro de Finanzas presentó para 2027 ingresos de 43,3 billones y gasto de 48,8 billones de rublos, con un déficit previsto del 2,2 % del PIB. El documento aún no equivale a una ley aprobada por la Duma.

El porcentaje depende de la base de comparación

Conviene no mezclar dos cifras que circulan estos días. El 27 % de Reuters compara los 17,1 billones propuestos con los 13,5 billones de la versión anterior del presupuesto para 2027. El País compara la misma cifra con los 12,9 billones que figuraban en la ley presupuestaria de 2026 y calcula un aumento del 32 %. No es una discrepancia aritmética: cambia el punto de partida.

La propuesta también conserva tensiones entre el relato de estabilidad fiscal del Ejecutivo y los cambios recientes en sus previsiones. Reuters informó el 28 de septiembre de que el déficit ruso de 2026 se revisó al 3,2 % del PIB, frente al 1,6 % presupuestado inicialmente, y que los ingresos por hidrocarburos esperados bajaron. El Gobierno, por su parte, justifica su plan trienal con una hipótesis prudente de 50 dólares por barril de crudo Urals. Ninguna previsión elimina el riesgo de nuevas revisiones si cambian los ingresos o el gasto.

La deuda también compite con los servicios

Los documentos revisados por Reuters prevén que el coste de pagar intereses aumente un 21,6 % en 2027 frente al plan inicial. Esa partida absorbería el 9,4 % del gasto total en 2027 y subiría al 10,6 % en 2029. El dinero destinado a intereses remunera a quienes financian al Estado; deja menos espacio para otros usos y refleja el coste de endeudarse en un entorno de tipos altos.

La cifra de defensa tampoco recoge por sí sola todo el esfuerzo militar. Parte del gasto puede aparecer en otras secciones y el desembolso real de 2026 está clasificado, una limitación que impide comparar con precisión el coste total ejecutado. El País estima que defensa, seguridad y espionaje suman el 44 % del presupuesto; esa agregación más amplia no debe confundirse con la partida específica del Ministerio de Defensa.

Quién gana capacidad y quién queda expuesto

El proyecto protege primero la capacidad del Estado para sostener el esfuerzo bélico, la contratación militar y las estructuras de seguridad. Los fabricantes que reciben contratos de defensa y los acreedores que cobran intereses tienen flujos presupuestarios identificables. Las personas que dependen de transferencias o servicios públicos quedan más expuestas a que el presupuesto se revise, a que las ayudas pierdan poder adquisitivo o a que se pospongan inversiones. El reparto concreto depende de decisiones posteriores y no se puede deducir de una sola tabla.

El presupuesto federal ruso no incluye todas las cuentas regionales y municipales, que financian una parte relevante del gasto social. Por eso un descenso del 7 % en la línea federal de política social no demuestra que cada prestación caiga un 7 %. Tampoco es una medida directa del gasto consolidado ni de la carga que soporta cada hogar. La conclusión prudente es más acotada: dentro del plan federal, defensa gana espacio y varias partidas civiles pierden asignación relativa.

La presión del endeudamiento y sus efectos sobre la economía también aparece, con instituciones y datos distintos, en el análisis del mercado laboral estadounidense y la Reserva Federal. Y el margen fiscal ante ingresos inciertos se observa desde otra escala en el caso de Uruguay y la sequía. No son equivalencias entre países: sirven para seguir quién soporta los costes cuando las cuentas públicas se estrechan. La reciente intervención temporal de la filial rusa de Metro muestra otra vía, distinta, por la que el Kremlin altera el control de recursos económicos.

Mi valoración es que el borrador hace explícita una jerarquía: sostener la capacidad militar pesa más que ampliar el margen de gasto civil. Pero aún no acredita recortes equivalentes para cada ciudadano ni anticipa por sí solo el resultado de la guerra. La prueba estará en la ley final, sus revisiones y la ejecución: cuánto se paga, a quién y qué servicios dejan de recibir recursos.