Nota: este análisis se publicó el 28 de septiembre de 2026 y refleja la información disponible en esa fecha.
El problema de Filipinas no es solo que la previsión de crecimiento baje: es que parte de la inversión pública tarda en convertirse en obra. El equipo del Fondo Monetario Internacional cerró el 25 de septiembre su misión anual con una previsión del 3,4 % para 2026 y del 5,1 % para 2027. Son estimaciones de su personal técnico, sujetas a revisión y pendientes del procedimiento del organismo; no una resolución definitiva de su directorio.
La revisión de contratos públicos y la ejecución de obras son obligaciones simultáneas. El dato macroeconómico da escala al problema; los proyectos concretos mostrarán si el control corrige fallos y si el Estado recupera la capacidad de entregar servicios.
La desaceleración ya se ve en la actividad
En su comunicado de cierre de misión, el FMI señala que el PIB creció un 2,3 % interanual en el segundo trimestre. Cita el retraso de la construcción pública tras revisiones más estrictas de proyectos, el impacto de desastres naturales y la debilidad del sector inmobiliario. Una fiscalización más rigurosa puede evitar gasto malo; si paraliza expedientes sin una salida clara, también retrasa los beneficios de una infraestructura útil. Esta última es una inferencia, no una cifra medida por el Fondo.
La previsión para 2027 incorpora una recuperación, pero no devuelve automáticamente el tiempo perdido a los usuarios de una carretera, una escuela o una protección frente a inundaciones. Conviene separar tres momentos: presupuesto aprobado, contrato ejecutado y servicio que funciona. Ese mismo problema de seguir fondos hasta resultados aparece en otros sistemas de inversión pública, aunque sus circunstancias sean distintas.
Inflación y clima estrechan el margen
El equipo del FMI calcula una inflación media del 5,6 % en 2026 y del 4,1 % en 2027. Los precios del petróleo importado y los del arroz, afectados por El Niño, presionan la economía. También prevé un déficit por cuenta corriente del 4,8 % del PIB y un déficit fiscal del 5,4 % en 2026. Son proyecciones, no balances cerrados. El episodio climático recuerda que la vulnerabilidad agrícola no se arregla con una sola partida presupuestaria; el sitio ya examinó los efectos de El Niño en otro contexto.
El coste de bloquear y el coste de acelerar
El comunicado del FMI precisa que parte del presupuesto de capital no ejecutado se reasignó a gasto corriente, incluidas medidas temporales para amortiguar el encarecimiento energético. Eso cambia la pregunta fiscal: un menor déficit a corto plazo puede coexistir con inversión postergada. La revisión de expedientes puede evitar contratos deficientes; también puede dejar a comunidades y empresas sin una infraestructura prevista. Ninguno de esos efectos puede cuantificarse aquí con la información publicada.
Para seguir el beneficio material conviene publicar qué proyectos superaron la revisión, cuáles fueron modificados o cancelados, quién obtuvo los contratos y qué servicios entregaron. El Fondo propone simplificar contratación, evaluación y selección sin abandonar el control. Mi criterio es medir la calidad del filtro por obras útiles terminadas y costes auditables, no por el volumen de expedientes detenidos o acelerados.
Qué habría que vigilar
Mi lectura es que el Gobierno debe hacer compatibles controles anticorrupción y capacidad de ejecución. Para juzgarlo harán falta datos sobre expedientes revisados, obras reanudadas, plazos y costes finales. La previsión de 2027 es una posibilidad condicionada, no una garantía: el puente entre crecimiento y bienestar se construye con proyectos terminados y servicios comprobables.
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