El Tribunal Constitucional ha dejado sin su principal escudo jurídico a las casas de Babilonia, la colonia de viviendas a pie de playa de Guardamar del Segura que la Generalitat quería salvar del derribo. El pleno ha estimado en parte el recurso del Gobierno contra la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana: el artículo que permitía proteger como patrimonio los «núcleos urbanos de especial valor etnológico» no puede aplicarse al dominio público marítimo-terrestre, y la disposición que dejaba a la Generalitat inventariar terrenos degradados de ese dominio queda anulada. El fallo, conocido el 22 de octubre, no fija fecha para las demoliciones, pero las órdenes judiciales firmes que pesan sobre esas casas vuelven a quedar sin un freno autonómico.
Una comunidad puede proteger la memoria de su costa. Lo que no puede es decidir, por ley propia, qué parte de la playa deja de ser de todos.
Qué ha decidido el Constitucional sobre la ley de costas valenciana
El recurso lo presentó el presidente del Gobierno contra tres piezas de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo: el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta. La ponente ha sido la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y cuatro magistrados (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías) han anunciado voto particular, según Alicante Plaza y Actualidad Castellón, que recogen la nota del propio tribunal.
- Artículo 17 y disposición final primera: inconstitucionales, pero no nulos, y solo cuando se aplican a bienes del dominio público marítimo-terrestre. En el resto del litoral siguen vigentes. El artículo 17 integra esos núcleos en el régimen de patrimonio cultural valenciano, con deberes de conservación y límites a la demolición, y permite aprobar planes especiales con medidas propias.
- Disposición adicional cuarta: inconstitucional y nula. Permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos los de dominio público. Para el tribunal, eso va más allá de recopilar información: supone identificar y clasificar suelo que podría haber perdido su carácter público, y decidir qué es dominio público, su deslinde y su desafectación corresponde al Estado.
- El resto de la ley se mantiene, siempre que respete esas competencias estatales.
El argumento central es de competencias, no de valor patrimonial. El tribunal admite que la Comunitat puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de estos núcleos, incluso en terrenos de dominio público, pero esa protección «no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos», según elDiario.es. Las medidas autonómicas «pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar la integridad y recuperación de la costa», entre ellas demoler construcciones y regenerar playas.
Por qué todo apunta a Babilonia
La sentencia no menciona Guardamar en su fallo, pero fue la Abogacía del Estado quien puso el caso sobre la mesa: las edificaciones de la playa de Babilonia tenían órdenes de demolición confirmadas por resoluciones judiciales firmes, pendientes de ejecutar cuando se aprobó la ley. El tribunal responde que un recurso de este tipo examina la norma en abstracto y no entra en las intenciones del legislador ni revisa decisiones judiciales previas (Alicante Plaza, Actualidad Castellón).
La historia de la colonia explica por qué el choque llega tan lejos. Según Vozpópuli y El Debate, el núcleo nace en los años veinte, ligado al proyecto del ingeniero Francisco Mira para fijar las dunas que avanzaban sobre Guardamar, y en 1934 las autorizaciones se convirtieron en concesiones administrativas. La Ley de Costas de 1988 les dio 30 años más, y las concesiones expiraron en 2018. El Ministerio para la Transición Ecológica tramitó la recuperación del terreno y las demoliciones, que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo avalaron. El derribo previsto para septiembre de 2025 se frenó cuando la Generalitat activó medidas cautelares de protección patrimonial e impulsó la declaración de Babilonia como núcleo de especial valor etnológico; la ley de costas aprobada ese año debía blindar esa vía.
No hay una cifra única de viviendas afectadas: Moncloa.com habla de unas 60 casas a pie de playa y Vozpópuli, de alrededor de un centenar de viviendas unifamiliares, en su mayoría centenarias.
Las reacciones: la Generalitat, el alcalde y los vecinos
La Generalitat ha dicho que analizará la sentencia y que su «voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa» no cambia. Se ha quejado de que el tribunal comunicara la decisión a los medios antes de notificársela, sostiene que el fallo «no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos» y recuerda que «el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando», según Alicante Plaza. La diputada socialista María José Salvador ha replicado que su partido advirtió desde el principio de la invasión de competencias, ha acusado al PP de usar la ley para enfrentarse al Gobierno central y ha pedido la dimisión del conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, por haber creado «falsas expectativas» a los vecinos.
El alcalde de Guardamar, el socialista José Luis Sáez, celebra la decisión: «Lo que queríamos era recuperar cuanto antes un entorno privilegiado de nuestra playa», ha dicho a Alicante Plaza. Recuerda que el Ayuntamiento apoyó en 2018 la recuperación del terreno que planteaba el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Mariano Rajoy, lamenta haber tenido que esperar «prácticamente 8-9 años más» a que los tribunales se pronunciaran y afirma que la declaración de interés etnológico exigía un informe municipal que nunca se le pidió.
Los vecinos, según Diario de Alicante, seguirán peleando. Atribuyen la pérdida de playa al cambio climático y al espigón de la desembocadura del Segura: «Nos pusieron un espigón que no deja que la arena transcurra a este lado», dice María Asunción. Unai, quinta generación de su familia en la colonia, lo resume así: «Esta casa tiene un valor para nosotros que es muy difícil expresarlo con palabras».
Qué pasa ahora con las casas de Babilonia
El fallo no establece una nueva fecha para los derribos, subraya Vega Baja Digital. La ejecución material corresponde a la Dirección General de la Costa y del Mar, y a 23 de octubre ni el Ministerio ni el Ayuntamiento habían anunciado movimientos, según Moncloa.com. La Generalitat no puede recurrir la sentencia; le queda estudiar otras vías para proteger estos núcleos que no choquen con el dominio público estatal. Y la otra salida que reclamaban los vecinos, una reforma de la Ley de Costas estatal, queda en manos de las Cortes que salgan de las elecciones del 29 de noviembre, porque las actuales están disueltas.
El caso se suma a una lista larga de pulsos entre el Consell y el Gobierno central sobre el territorio valenciano, del trasvase Tajo-Segura a la ampliación del puerto de Valencia y sus efectos sobre las playas del sur, y llega en plena precampaña.
Mi análisis
El Constitucional ha dicho algo bastante previsible: la costa que el deslinde declara pública es del Estado, y una ley autonómica no puede convertirla en intocable por la vía del patrimonio cultural. Lo que llama la atención es que la Generalitat lo intentara sabiendo que el Gobierno ya tenía órdenes de derribo firmes y avaladas por el Supremo. Una ley que se aprueba para frenar sentencias concretas acaba casi siempre igual, y quien paga el coste de las «falsas expectativas» no es quien la redactó, sino las familias que llevan generaciones en esas casas.
Dicho esto, el Estado tampoco sale limpio. Si el retroceso de la playa tiene que ver con un espigón que levantó la propia Administración, como sostienen los vecinos, recuperar el dominio público sin explicar qué se hará con esa franja ni cómo se regenerará la playa es aplicar la ley sin asumir su parte. Una costa recuperada que se queda en escombros y arena perdida no le sirve a nadie.
Babilonia no se decide en Valencia ni en Guardamar, sino en la Dirección General de la Costa. A partir de ahora, cada mes sin calendario es incertidumbre pura para quien vive allí.
Qué vigilar
- Si la Dirección General de la Costa y del Mar fija un calendario de demolición y cómo se coordina con el Ayuntamiento de Guardamar.
- El texto de los votos particulares de los cuatro magistrados, que se publicará más adelante.
- Qué vía jurídica propone la Generalitat para proteger los núcleos etnológicos sin invadir el dominio público estatal.
- Si los vecinos plantean nuevos recursos y si el espigón del Segura y la regeneración de la playa entran en el debate.
- Qué dicen los programas del 29N sobre una reforma de la Ley de Costas.
Fuentes y documentos
- Alicante Plaza (sentencia del TC sobre la Ley 3/2025 y reacciones de la Generalitat y del PSPV, 22 de octubre de 2026).
- Actualidad Castellón (preceptos anulados y argumentos del tribunal, 22 de octubre de 2026).
- elDiario.es (el Constitucional tumba el artículo que protegía las casas de Babilonia, 22 de octubre de 2026).
- Vega Baja Digital (efectos del fallo en Guardamar, 23 de octubre de 2026).
- Alicante Plaza (el alcalde de Guardamar celebra la decisión, 23 de octubre de 2026).
- Diario de Alicante (vecinos y Ayuntamiento tras el fallo, 23 de octubre de 2026).
- Moncloa.com (alcance del fallo y quién ejecuta los derribos, 23 de octubre de 2026).
- Vozpópuli (historia de la colonia, concesiones y derribo frenado en 2025, 27 de agosto de 2026).
- El Debate (orígenes de las casas y concesiones de 1934, 27 de diciembre de 2025).
Este análisis forma parte de la guía de la Comunitat Valenciana. Más contexto en Ampliación del puerto de Valencia: la terminal de MSC, los tribunales y las playas del sur y en Trasvase Tajo-Segura: quién gana y quién pierde con el recorte.
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