Educación - José M Giner Opinión sin filtros, actualidad sin complejos Sun, 25 Oct 2026 22:12:24 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://jsmginer.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-g-logo512-32x32.png Educación - José M Giner 32 32 Viudedad para parejas de hecho y bajas por menopausia: el decreto social del 29N https://jsmginer.com/viudedad-parejas-de-hecho-decreto-social-29n/ Wed, 21 Oct 2026 08:00:00 +0000 https://jsmginer.com/?p=2626 El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre y el BOE publicó el 21 el decreto social: viudedad para parejas con hijos y dos años de convivencia, bajas por menopausia y violencia de género, orfandad y CUME. Qué cambia y por qué depende de la Diputación Permanente.

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]]> A seis semanas del 29N, el Consejo de Ministros aprobó el martes 20 de octubre, y el BOE publicó el miércoles 21, el Real Decreto-ley 31/2026, de Seguridad Social, que toca a colectivos muy concretos: parejas de hecho que se quedaron sin pensión de viudedad, mujeres de baja por patologías de la menopausia, víctimas de violencia de género, familias que cuidan a un hijo con cáncer y víctimas del terrorismo. En paralelo, la Moncloa había anunciado 45 millones para residencias universitarias. Son medidas pequeñas una a una y con un problema común: con las Cortes disueltas, el decreto social solo seguirá vivo si la Diputación Permanente lo convalida en un mes.

Un decreto en precampaña no es bueno ni malo por la fecha. Se juzga por lo que cambia en la vida de quien lo necesita y por si sobrevive a la votación que viene después.

Qué cambia en la pensión de viudedad de las parejas de hecho

Es la medida con más alcance práctico. Antes del Consejo, la información adelantada por el Gobierno y recogida por El Español, Infobae y Libre Mercado, apuntaba que tener hijos en común bastaría para acreditar la pareja de hecho a efectos de la pensión de viudedad. Lo aprobado tiene un matiz importante: las parejas no casadas ni inscritas que tengan hijos en común podrán cobrarla si acreditan al menos dos años de convivencia, como adelantaron elDiario.es y Diario Sabemos tras la rueda de prensa y confirma el texto publicado en el BOE: el nuevo artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social pide, con hijos en común, una «convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos», acreditada con el certificado de empadronamiento. Las parejas sin hijos mantienen las reglas actuales. La «ventana de un año» de la que habló la ministra Elma Saiz es una disposición transitoria para fallecimientos anteriores a la reforma: quien no pudo cobrar la pensión entonces podrá pedirla en un plazo improrrogable de doce meses desde el 21 de octubre de 2026.

Para entender por qué importa hay que mirar la regla actual. Hoy, además de la convivencia, la ley exige que la pareja esté inscrita en un registro autonómico o municipal, o formalizada en documento público, al menos dos años antes del fallecimiento. Con hijos comunes ya no se pide acreditar los cinco años de convivencia, pero sí esa inscripción, según resume Cuestiones Laborales. Es un requisito formal que ha dejado sin pensión a parejas con años de vida en común: el Tribunal Supremo dio la razón a la Seguridad Social en el caso de un hombre que había convivido cinco años con su pareja pero no la había inscrito, como contó Vozpópuli. Desde 2022, tras la Ley 21/2021, ya no se exige un límite de ingresos al superviviente.

El texto aclara también lo que quedaba en el aire: esa pensión no tendrá efectos económicos hacia atrás, sino desde el día 1 del mes siguiente a la solicitud. Lo que sigue sin saberse es cuántas personas pueden beneficiarse: ni el Gobierno en la rueda de prensa ni el real decreto-ley dan coste ni número de beneficiarios.

Bajas por menopausia y por violencia de género

El decreto convierte en bajas especialmente protegidas las de dos colectivos: las mujeres con una «patología limitante por trastorno menopáusico secundario» y las trabajadoras víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. Según el BOE, cobrarán «desde el día siguiente al de la baja», sin periodo mínimo de cotización y con los mismos porcentajes que una baja común; elDiario.es las sitúa en la misma categoría que las bajas por reglas dolorosas o por interrupción del embarazo. Ojo a la fecha: este cambio no se aplica desde ya, sino a las bajas que empiecen a partir del 1 de diciembre de 2026. Antes del Consejo, ya lo habían adelantado Libre Mercado y El Español.

Los porcentajes son los mismos de una baja común. La diferencia está en los primeros días. En una baja por enfermedad común, los días 1 a 3 no tienen prestación pública salvo que el convenio la pague, y del día 4 al 15 el 60 % lo abona la empresa, según la guía de Selectra. Con el esquema aprobado, estas dos bajas dejan de tener esos días en blanco. Libre Mercado subrayaba que el Gobierno no había detallado qué patologías de la menopausia entrarían. El decreto no da una lista: habla de un trastorno «codificado a tal efecto» y con asistencia del Servicio Público de Salud, de modo que la concreción quedará en manos de la codificación sanitaria.

Un gran paraguas geométrico hecho de documentos, con un sello coral en lo alto, protege a una madre con su hija, a una persona mayor con bastón y a un estudiante que camina hacia una residencia, junto a un edificio institucional con columnas
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental.

Hijos con cáncer, terrorismo, huérfanos y pensiones de alimentos

El resto del decreto amplía prestaciones ya existentes. Lo había adelantado el Gobierno antes del Consejo, según Moncloa.com, Qué! y EITB, y lo confirma el texto publicado en el BOE:

  • Cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave (CUME): los dos progenitores podrán cobrarla a la vez (cada uno, el 50 % de su base reguladora) o de forma alterna, y podrá mantenerse más allá de los 26 años si el hijo tiene una dependencia de grado III o una discapacidad del 65 % o más. Se aplica desde el 23 de octubre. Moncloa.com recuerda que la consulta pública de junio no tuvo buena acogida entre las familias. Saiz dijo que el reglamento de la CUME «está a punto de ver la luz».
  • Pensiones extraordinarias por terrorismo: el mínimo pasa a ser el doble del salario mínimo mensual (antes, el triple del IPREM) desde el 1 de noviembre: 2.442 euros al mes, un 36 % más que hasta ahora según lo adelantado por el Gobierno. La cifra cuadra con el SMI de 2026, 1.221 euros en catorce pagas, según Noticias Obreras.
  • Huérfanos de la violencia de género: el importe mínimo de la orfandad pasa a ser el doble del salario mínimo, y las prestaciones no contributivas podrán llegar a esa cuantía.
  • Fondo de Garantía del Pago de Alimentos: el anticipo máximo, cuando un progenitor no paga la pensión de los hijos, sube de 100 a 300 euros al mes por beneficiario y deja de tener un plazo fijo: se mantendrá «mientras exista la obligación de alimentos». Los anticipos que ya se cobran se revisarán de oficio desde el 1 de noviembre.

45 millones para residencias y un nuevo estatuto del estudiante

Fuera del real decreto-ley, la Moncloa anunció el día 19 45 millones de euros para cerca de 2.000 plazas de alojamiento universitario en siete proyectos. El reparto lo detallaron EFE en Infobae y The Objective: Universidad Autónoma de Madrid (13,36 millones), campus de Albacete de la UCLM (8,19), Pablo de Olavide (6,5), Burgos (5,94), Universitat Jaume I de Castellón (4,45), Jaén (3,56) y Ayuntamiento de Lleida (2,97). La Jaume I es el único proyecto valenciano. No se ha publicado cuántas plazas corresponden a cada uno ni cuándo estarán listas, y el BOE del 21 de octubre no recoge todavía ese reparto.

Sánchez lo anunció el lunes y lo justificó en que «la universidad no es inmune a uno de los principales problemas del país», el acceso a la vivienda, según la nota de la Moncloa. En el mismo acto se firmó una declaración sobre el proyecto de real decreto del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituye al de 2010 y, al ser un real decreto, no necesita pasar por el Congreso; a 21 de octubre no se había publicado en el BOE. Incluye apoyo psicológico obligatorio en universidades públicas y privadas, protocolos ante conductas suicidas, el derecho al paro académico, desconexión digital y adaptaciones de exámenes para dislexia o TDAH, según The Objective.

Una balanza geométrica sostiene en un plato una pila de decretos y en el otro una urna, con un reloj de arena con arena coral en el centro y un hemiciclo casi vacío al fondo
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental.

Lo que no entró en este Consejo: SMI, vivienda y jueces

El paquete preelectoral que se anunciaba para el 20 de octubre fue más corto de lo que parecía. Las 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027 se habían aprobado el 13 de octubre, según Legal Today; 53 de esas plazas judiciales son para la Comunitat Valenciana. Los decretos de vivienda que el Congreso tumbó a principios de octubre se volvieron a aprobar el 6 de octubre y siguen pendientes de la Diputación Permanente, que prevé votarlos el 12 de noviembre, según El Debate: al día siguiente de la huelga general del 11N.

Y la subida del salario mínimo de 2027 no está todavía sobre la mesa del Consejo. Yolanda Díaz ha dado de plazo a la comisión de expertos hasta finales de octubre o primeros de noviembre; los sindicatos piden al menos un 7 %, hasta unos 1.306 euros, y otras estimaciones hablan de un 5 %, según Infobae. Tras el del 20 de octubre, al Gobierno le quedaban cinco Consejos de Ministros antes de votar: 27 de octubre y 3, 10, 17 y 24 de noviembre.

Por qué este decreto social depende de la Diputación Permanente

El Real Decreto-ley 31/2026 entró en vigor el 21 de octubre, al publicarse, aunque varias medidas tienen efectos más tarde; pero decae si no se convalida en un mes. Con las Cortes disueltas desde la convocatoria del 29N, quien vota es la Diputación Permanente del Congreso. Es el mismo órgano que el 16 de octubre dio luz verde a dos normas aprobadas antes de la disolución y dejó los decretos de vivienda para noviembre, y en el que cualquier grupo puede alargar el trámite, según Moncloa.com, que añade que no hay precedentes recientes de un paquete social de este volumen aprobado con las Cortes disueltas. El reparto para residencias y el estatuto, en cambio, no necesitan convalidación.

Hay además un marco electoral. La Junta Electoral Central abrió el 15 de octubre un expediente a Sánchez por su comparecencia del 6 de octubre en la Moncloa, al considerar que no se limitó a informar de los decretos y pidió una nueva mayoría, lo que choca con el artículo 50.2 de la LOREG, según The Objective. La Junta ordenó retirar esas declaraciones de los canales oficiales, aunque dejó intactos los acuerdos del Consejo. El PP habla de «electoralismo» y de «precampaña permanente», según Moncloa.com.

Mi análisis

Varias de estas medidas corrigen agujeros reales. Que una pareja con hijos y años de convivencia se quede sin viudedad porque no pasó por un registro es un ejemplo de cómo la letra pequeña castiga a quien menos se informa. Lo mismo vale para el anticipo de alimentos: cien euros al mes, cuando un progenitor deja de pagar, se quedaban muy cortos para cualquier familia. Y que los dos padres de un niño con cáncer puedan cobrar a la vez la prestación de cuidados es de sentido común.

Dicho esto, la fecha pesa. Ninguna de estas reformas nació la semana pasada: la CUME salió a consulta pública en junio y los proyectos de residencias «ya estaban maduros», según The Objective. Aprobarlas ahora, en bloque y con la oposición calificándolas de electoralistas, las expone a una votación en la Diputación Permanente donde el cálculo de campaña puede pesar más que el contenido. Si el decreto decae, quien pidió la revisión de su viudedad o cobró la nueva baja se quedará en un limbo jurídico. Y falta lo esencial para valorar cualquier política pública: cuánto cuesta y a cuántas personas llega. El Gobierno no lo dio en la rueda de prensa ni figura en el BOE.

Lo que mejora la vida de una viuda o de un niño enfermo no debería depender del calendario electoral. Pero un decreto que se aprueba a seis semanas de las urnas sabe que también se vota.

Qué vigilar

  1. Cómo se codifican las patologías de la menopausia que dan derecho a la nueva baja antes de que se aplique, el 1 de diciembre.
  2. El coste y el número de beneficiarios de cada medida, si el Ministerio los publica.
  3. La fecha de la votación en la Diputación Permanente y la posición de PP, Vox, Junts y PNV.
  4. La propuesta de los expertos sobre el SMI de 2027 y si el Gobierno la aprueba antes del 29N.
  5. La votación de los decretos de vivienda prevista para el 12 de noviembre.
  6. Cuántas plazas tendrá la residencia de la Universitat Jaume I y cuándo se adjudican las obras.

Fuentes y documentos

Este análisis forma parte de la guía de economía y bolsillo y de la de las elecciones generales. Más contexto en Elecciones generales del 29 de noviembre: calendario, encuestas y qué se juega y en La inflación sube al 4,9 %.

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]]> Valenciano en la escuela: qué cambia la Ley de Libertad Educativa y qué dicen los datos https://jsmginer.com/valenciano-escuela-ley-libertad-educativa/ https://jsmginer.com/valenciano-escuela-ley-libertad-educativa/#respond Sun, 11 Oct 2026 11:25:31 +0000 https://jsmginer.com/?p=1779 La Ley de Libertad Educativa permite a las familias elegir la lengua base. Qué establece, qué salió de la consulta de 2025, por qué Alicante eligió castellano y Castellón valenciano, y qué dijeron los tribunales.

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]]> Desde el curso 2025-2026, las familias valencianas eligen si la lengua base de sus hijos en la escuela es el valenciano o el castellano. Es el cambio central de la Ley 1/2024 de Libertad Educativa, aprobada por PP y Vox. En la primera consulta, en marzo de 2025, ganó el valenciano por la mínima: 50,5 % frente a 49,5 %. Pero el resultado agregado esconde un país partido por provincias, y el debate de fondo —libertad de elección o retroceso del valenciano— sigue abierto.

La consulta no ha dado la razón a nadie. Ha retratado una comunidad que habla dos lenguas de forma muy desigual según dónde vivas.

Qué establece la ley

La Ley 1/2024, de 27 de junio, derogó la Ley 4/2018 de plurilingüismo y cambió quién decide la lengua de enseñanza: antes lo hacían los consejos escolares de cada centro; ahora, las familias. Sus claves:

  • Lengua base elegida por las familias: en la zona valencianohablante, la lengua base se fija por centro y por grupo según el porcentaje de familias que la elige. Se actualiza cada año al empezar Infantil, 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato (artículo 9).
  • Las dos lenguas siguen presentes: de 3.º de Primaria a 4.º de ESO, la lengua base ocupa entre el 47,5 % y el 52,5 % del horario; la otra lengua cooficial, entre el 27,5 % y el 32,5 %; y el inglés, entre el 15 % y el 25 %. La diferencia entre valenciano y castellano no puede superar el 20 % (anexo II).
  • Zona castellanohablante: en Infantil, el castellano ocupa el 80 % del horario. Las familias pueden pedir la exención del valenciano sin límite de tiempo (artículo 14.1). En la zona valencianohablante, la exención solo cabe durante tres cursos y por residencia temporal.
  • Exámenes en cualquiera de las dos lenguas: el alumno elige (artículo 20).
  • Certificación: se acredita un A2 al terminar Primaria, un B1 al terminar la ESO y un B2 al terminar Bachillerato en ambas lenguas (artículo 16).
Aula mediterránea vacía con dos pilas de libros de distinto color
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental.

Qué salió de la consulta

La consulta se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025. Estaban convocadas 579.000 familias y participó el 58,6 %, según elDiario.es. El valenciano obtuvo el 50,53 % y el castellano, el 49,47 %.

El reparto por provincias es lo más revelador, según El Debate:

  • Castellón: 70 % valenciano.
  • Valencia: 57 % valenciano.
  • Alicante: 65 % castellano.

La Generalitat aseguró después que el 99,67 % del alumnado de Infantil y Primaria estudiaría en la lengua elegida por su familia, según su nota oficial. Conviene leer ese dato junto a otro: el 41,4 % de las familias no participó, y a sus hijos se les asignó la lengua según los criterios de cada centro.

Las críticas

Desde lados opuestos:

  • Defensores del valenciano (Compromís, Escola Valenciana, Famílies pel Valencià): sostienen que la consulta se diseñó con criterios políticos y no pedagógicos, que hubo fallos técnicos y que convertir la lengua en una elección individual debilita a la lengua minorizada. Compromís pidió anularla.
  • Defensores del castellano (Hablamos Español): denunciaron que la Conselleria no informó bien a las familias y que el resultado infravalora la demanda de castellano.

En junio de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestimó por completo el recurso de Compromís contra la orden que reguló la consulta, según El Español. Rechazó todos sus argumentos: falta de base legal, discriminación lingüística, el carácter exclusivamente telemático y la ausencia de estudio de impacto.

Qué no resuelve la consulta

La ley y los datos responden a la pregunta «¿qué quieren las familias?». No responden a otra igual de importante: ¿con este modelo, los alumnos terminan dominando las dos lenguas? Esa respuesta solo llegará con las certificaciones de nivel y las evaluaciones de los próximos años.

Tampoco resuelve la tensión de fondo. Para unos, la lengua de los hijos es una decisión familiar. Para otros, la escuela es el único lugar donde muchos niños aprenden valenciano, y dejarlo a la elección individual lo condena en las zonas donde el castellano domina en la calle. Las dos posiciones tienen lógica, y no se excluyen del todo.

Pasillo escolar mediterráneo con mochilas colgadas de dos colores
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental.

Mi análisis

Que decidan las familias es más democrático que dejar la decisión en los consejos escolares. Y el resultado ha desmentido a quienes auguraban un desplome del valenciano: ganó, aunque por poco.

Pero el mapa provincial es una advertencia. En Alicante, dos de cada tres familias eligieron castellano. Donde el castellano es la lengua base, el valenciano ocupa en torno a un tercio del horario, y menos en la zona castellanohablante con exención. Con esa presencia, la garantía de terminar con un B2 en ambas lenguas será difícil de cumplir. El éxito de la ley no se medirá por cuántas familias eligieron, sino por cuántos alumnos acaban siendo realmente bilingües.

Este debate escolar es la versión práctica de otro más antiguo, el de la identidad y la denominación de la lengua, que analicé en Origen del valenciano y catalán.

La libertad de elegir es un buen principio. Pero una ley lingüística se juzga por los alumnos bilingües que produce, no por las urnas que abre.

Qué vigilar

  1. Los resultados de las primeras certificaciones de nivel en ambas lenguas.
  2. Las elecciones de lengua en los nuevos cursos de Infantil, 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato.
  3. Si Compromís u otras entidades recurren la sentencia del TSJ ante el Supremo.
  4. El número de exenciones del valenciano en la zona castellanohablante.

Fuentes y documentos

Este análisis forma parte de la guía sobre la Comunidad Valenciana, que reúne todos los artículos sobre la región ordenados por temas.

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