CCOO y UGT han convocado para el miércoles 11 de noviembre la primera huelga general conjunta desde 2012. La huelga general del 11 de noviembre une dos quejas que hasta ahora iban por separado: salarios que suben menos que los precios y una vivienda que se come buena parte de la nómina. Cae dieciocho días antes de las elecciones del 29N, y eso explica casi todo el debate que ha generado: la patronal la llama política y electoral y ha anunciado que la impugnará; los sindicatos dicen que es laboral porque habla de sueldos.
Una huelga a dieciocho días de unas elecciones nunca es solo una huelga, pero tampoco es solo un mitin.
Huelga general del 11 de noviembre: qué ha pasado
El 5 de octubre, el mismo día en que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, CCOO y UGT acordaron convocar una huelga general de 24 horas para este otoño. El detonante inmediato fue el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda del Gobierno, del que ya escribí en qué protección decae y qué efectos quedan, y las manifestaciones del fin de semana anterior: en la marcha de Madrid del 3 de octubre ya se leía una pancarta con el lema «Hacia la huelga general». Sobre aquellas protestas y sus cifras dispares escribí en 70.000 o 500.000, y una pregunta sin respuesta.
El 7 de octubre los sindicatos cerraron la fecha: el 11 de noviembre, a propuesta de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Ese mismo clima lo había agitado la muerte de Maricarmen, una inquilina de 87 años que había sido desahuciada, un caso que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, describió como el origen de una «enorme reacción de solidaridad».
El 13 de octubre, en rueda de prensa conjunta en Madrid, Álvarez y Unai Sordo, secretario general de CCOO, explicaron que registrarán la convocatoria «en los próximos días» para darle la máxima cobertura legal y que no ven «resquicios» para que se declare ilegal. Álvarez sostuvo que la huelga se diseñó antes de que Sánchez anunciara la disolución de las Cortes. El lunes 19 de octubre registraron la convocatoria en el Ministerio de Trabajo, en Madrid, paso previo a que el Gobierno fije los servicios mínimos. Sordo y Álvarez acudieron en persona junto a representantes de CGT, CNT, CO.BAS, Intersindical, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas; los registros territoriales llegarán después. Al día siguiente de la huelga, el 12 de noviembre, está previsto votar los nuevos decretos de vivienda, según Europa Press, aunque esa fecha aún puede moverse.
Quién va y quién no
Además de CCOO y UGT, la jornada cuenta con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, y al registro del 19 de octubre acudieron también CGT, CNT, CO.BAS e Intersindical. No la secundan CSIF, USO ni Fetico. «No vamos a secundar la huelga», dijo Miguel Borra, presidente de CSIF. Según Europa Press, los sanitarios han aplazado sus propios paros hasta después de las elecciones. Ceuta queda fuera de la convocatoria por la situación excepcional que vive tras la crisis migratoria.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el 17 de octubre, en un congreso de la ONCE, que participará en la huelga general como ciudadana, no como miembro del Gobierno. Es una rareza: la ministra responsable de las relaciones laborales secundará un paro que la patronal considera político.
Qué piden los sindicatos
La lista mezcla reivindicaciones laborales clásicas con otras de vivienda que dependen sobre todo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos:
- Un nuevo AENC. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que marca la referencia de las subidas salariales, está vencido desde 2025. El V AENC (2023-2025) recomendaba subidas del 3 %.
- Desbloquear los convenios pendientes y subidas salariales generalizadas. Sordo sostiene que las empresas acumulan beneficios sin precedentes y que deben repartirlos.
- Salario mínimo de 2027: una subida de al menos el 7 %, hasta superar los 1.300 euros brutos en 14 pagas, y que el Gobierno regule la absorción y compensación de pluses y el registro horario.
- Vivienda: topes al alquiler en zonas tensionadas, más vivienda pública, restricciones al alquiler turístico y de temporada y actuación contra la especulación.
Sordo lo resumió así el día del acuerdo: la huelga «no va solo de vivienda», pero la vivienda «se está comiendo la mitad de los salarios de muchas familias». Álvarez fue más lejos el día 13: ningún convenio colectivo, dijo, resiste el impacto del precio de la vivienda sobre el coste de la vida.
Los datos: salarios frente a precios
La parte salarial de la protesta tiene un respaldo estadístico claro. Según la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo actualizada el 9 de octubre de 2026, la subida salarial media pactada hasta septiembre es del 3,05 %. Ampara a algo más de 9,32 millones de trabajadores, y solo 3,64 millones tienen una cláusula de revisión que les compense si la inflación supera lo pactado.
Enfrente está el IPC: el INE confirmó el 14 de octubre que la inflación de septiembre fue del 4,9 %, la más alta desde principios de 2023, empujada por los carburantes. Lo analicé en la inflación sube al 4,9 %. La diferencia entre ambas cifras ronda los 1,85 puntos: es la pérdida de poder adquisitivo de un trabajador medio con convenio y sin cláusula de revisión, si la inflación se mantiene en esos niveles.
El Fondo Monetario Internacional publicó el 13 de octubre sus nuevas previsiones: España crecerá un 2,5 % en 2026, cuatro décimas más de lo que esperaba, pero con una inflación media del 3,7 %, siete décimas por encima de su previsión anterior, y del 2,7 % en 2027. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, celebró que España sea «la gran economía avanzada que más crece del mundo por tercer año consecutivo». Las dos cosas son ciertas a la vez: la economía crece y el sueldo medio pactado compra menos que hace un año.
La respuesta de la patronal y el debate legal
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, calificó la huelga de «claramente política» y dijo que «tiene poco que ver con lo que es un conflicto laboral». «Las huelgas se dan como consecuencia de los conflictos laborales», añadió en la Cope, y anunció que los servicios jurídicos de la patronal estudiarán recurrirla una vez registrada. También criticó que se use «el fallecimiento de una persona con fines políticos». La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, resumió la posición de las pequeñas empresas sobre la vivienda: «no tenemos la llave para solucionarlo».
Actualización (20 de octubre). Garamendi pasó el lunes 19 del estudio al anuncio: en la clausura de los Premios ATA confirmó que la CEOE impugnará la huelga general por considerarla «ilegal» y «electoral». «Por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral», dijo, y añadió que la convocatoria «se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal», según recogieron Europa Press y El Debate. A primera hora del 20 de octubre no consta ningún recurso presentado: ni demanda, ni tribunal, ni fecha. Es, de momento, un anuncio.
El marco legal es el decreto-ley de 1977 que regula la huelga, que la considera ilegal cuando se inicia o mantiene por motivos políticos o con cualquier finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores. La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) recuerda que la jurisprudencia no interpreta de forma restrictiva un derecho fundamental, y los expertos consultados por EFE coinciden en que el componente salarial dificulta declararla ilegal. Sordo lo planteó sin rodeos: «Si tiene que ver con los salarios, no sé dónde ve la ilegalidad».
Qué significa para el trabajador
Hacer huelga es un derecho fundamental: la empresa no puede sancionar ni despedir por secundarla, ni exigir que se le avise antes. A cambio, se descuenta el salario del día, con sus complementos y la parte proporcional de pagas extra, y durante la jornada no se cotiza a la Seguridad Social. En los servicios esenciales, los servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa, y quien sea designado para cubrirlos debe acudir. Los piquetes pueden informar, pero no coaccionar a quien quiera trabajar.
Mi análisis
La patronal tiene razón en una cosa: el calendario no es inocente. Convocar una huelga general dos días antes del inicio de la campaña, nacida del rechazo a unos decretos del Gobierno, la coloca inevitablemente en el terreno electoral, la quieran ahí o no sus convocantes. Y una parte de lo que se reclama —topes al alquiler, vivienda pública— no depende de ningún empresario sentado en una mesa de negociación.
Pero los sindicatos también tienen razón en otra: el conflicto salarial existe y está medido. Con convenios al 3,05 % y precios al 4,9 %, y sin AENC desde 2025, hay una negociación colectiva atascada en el peor momento posible. Que la vivienda sea competencia autonómica no cambia que el alquiler se pague con el sueldo.
Lo que de verdad se juega el 11N no es la legalidad, que difícilmente decidirá un tribunal antes de esa fecha, sino el seguimiento. Una huelga general masiva reforzaría a quien la lea como un plebiscito contra la falta de vivienda; una huelga floja serviría a quien quiera presentarla como un acto de campaña. Ninguno de los dos relatos subirá un euro un sueldo ni bajará un alquiler si, después del 29N, nadie se sienta a negociar el AENC.
La economía que más crece del mundo avanzado tiene un problema si el sueldo medio pactado compra menos cada mes.
Qué vigilar
- Si la CEOE convierte en recurso el anuncio de impugnación que hizo Garamendi el 19 de octubre, ante qué tribunal y si llega a resolverse antes del 11 de noviembre.
- Los servicios mínimos que fije el Gobierno en transporte, sanidad y otros servicios esenciales.
- Si la patronal y los sindicatos abren la negociación del nuevo AENC antes o después del 29N.
- El IPC adelantado de octubre que publique el INE, que medirá si la brecha con los salarios crece o se cierra.
- La votación de los nuevos decretos de vivienda prevista para el 12 de noviembre, al día siguiente de la huelga.
- Qué proponen los partidos en sus programas sobre salario mínimo y alquiler, y si alguno se compromete con fechas.
Fuentes y documentos
- EFE en Infobae (rueda de prensa de Álvarez y Sordo, reivindicaciones y salario mínimo, 13 de octubre de 2026).
- EFE en Infobae (registro, marco legal, ASNALA, derechos del trabajador y exclusión de Ceuta, 10 de octubre de 2026).
- Europa Press en Infobae (registro de la convocatoria el lunes 19 en el Ministerio de Trabajo, 16 de octubre de 2026) y El Plural (hora y lugar del registro, 19 de octubre de 2026).
- Público y RTVC (registro de la convocatoria en el Ministerio de Trabajo y organizaciones presentes, 19 de octubre de 2026).
- Europa Press en Infobae (votación de los decretos de vivienda prevista el 12 de noviembre, 16 de octubre de 2026).
- Europa Press en Diario Siglo XXI y The Objective (Yolanda Díaz participará en la huelga como ciudadana, 17 de octubre de 2026).
- Infobae (confirmación del 11 de noviembre, organizaciones participantes, CSIF y Cepyme, 7 de octubre de 2026).
- El Español (acuerdo de convocatoria y adelanto electoral, 5 de octubre de 2026).
- El Español (declaraciones de Antonio Garamendi, 8 de octubre de 2026).
- Europa Press en elDiario.es y El Debate (Garamendi anuncia que la CEOE impugnará la huelga por «ilegal» y «electoral», 19 de octubre de 2026).
- El blog del Euríbor (primera huelga general conjunta desde 2012 y declaraciones de Sordo, 8 de octubre de 2026).
- The Objective (estadística de convenios del Ministerio de Trabajo hasta septiembre, 9 de octubre de 2026).
- INE (IPC de septiembre de 2026, 14 de octubre).
- Moncloa.com (previsiones del FMI para España, 13 de octubre de 2026) y EFE en Infobae (reacción de Carlos Cuerpo, 13 de octubre de 2026).
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Este análisis forma parte de la guía de economía y bolsillo y de la guía de las elecciones generales del 29 de noviembre.
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