Nota: este análisis se publicó el 28 de septiembre de 2026 y refleja la información disponible en esa fecha.
Uruguay afronta una desaceleración en la que la sequía no es un detalle meteorológico: reduce producción y obliga a decidir cómo usar recursos públicos escasos. El equipo del FMI calcula un crecimiento del 1,3 % para 2026, tras el 1,8 % de 2025, y proyecta un repunte al 2,4 % en 2027. La declaración, publicada el 24 de septiembre al cierre de una misión, expresa una evaluación preliminar del personal del Fondo, no una decisión final de su directorio.
La sequía desplaza ingresos entre sectores y presiona decisiones de gasto. Seguir sus consecuencias exige mirar quién pierde cosecha, quién puede financiar adaptación y qué parte de la respuesta pública se ejecuta de verdad.
El golpe a la actividad y el precio de esperar
La nota del FMI atribuye parte del frenazo a la sequía y al menor dinamismo agrícola. En agosto, la inflación interanual se situó en el 4,6 %. La combinación importa porque una producción débil reduce ingresos y un alza de precios merma margen a los hogares, aunque ninguna de esas cifras por sí sola mida el daño de cada productor.
El fenómeno de El Niño figura entre los riesgos que el Fondo menciona para el horizonte. El sitio ya abordó el coste social de ese episodio climático. La conexión es el riesgo, no una prueba de que el mismo mecanismo o intensidad se repita aquí. Adaptar agua, agricultura e infraestructuras requiere anticipación antes de que el daño llegue a las cuentas públicas.
La cifra fiscal exige leer la letra pequeña
El personal técnico proyecta para 2026 un déficit del Gobierno central y la seguridad social del 4,1 % del PIB, con el ajuste metodológico que excluye ingresos extraordinarios por pensiones registrados en 2025. Comparar porcentajes fiscales sin ese alcance puede fabricar una mejora o un deterioro inexistente. El Fondo pide reforzar la administración tributaria, revisar incentivos y hacer más eficaz el gasto.
Uruguay conserva amortiguadores: la cuenta corriente registró un déficit del 0,5 % del PIB en 2025 y las reservas equivalían a unos 11,25 meses de importaciones, según la misión. Esas fortalezas no son un cheque en blanco para financiar cualquier medida. Mi lectura es que el margen debe proteger las necesidades más urgentes y comprobar que cada intervención llega a quien sufre el impacto.
Riego, incentivos y beneficiarios
El FMI menciona la agenda de riego como una vía para reforzar la producción agropecuaria y recomienda revisar incentivos fiscales. Son decisiones distributivas: una obra hídrica tiene costes de construcción y mantenimiento, usuarios concretos y efectos que no llegan igual a explotaciones de distintos tamaños. Para juzgarla hacen falta mapas de exposición a la sequía, criterios de acceso al agua, financiación y rendimiento observado por proyecto.
La misión pide publicar las estimaciones de recaudación de las medidas tributarias. Esa trazabilidad permitiría comparar el coste de los beneficios fiscales existentes con ayudas o inversiones de adaptación. Mi lectura no presume que un instrumento sea siempre superior; exige conocer quién recibe el apoyo, qué riesgo absorbe el Estado y qué resultado deja para el conjunto.
El indicador decisivo
La recuperación del 2,4 % prevista para 2027 depende de condiciones que aún no se han cumplido. Habrá que observar lluvias, cosechas, ingresos fiscales y ejecución de medidas de adaptación. Un presupuesto responsable debería poder mostrar resultados concretos, no limitarse a esperar que el clima cierre la brecha.
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