No se discute si estas personas son españolas. Se discute si el Estado sabe demostrar, a tiempo, cuáles de ellas lo son por la vía que la ley prevé.

Qué es la ley de nietos y dónde está el conflicto

La «ley de nietos» es el nombre popular de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, publicada en el BOE el 20 de octubre de 2022. Permite optar a la nacionalidad española de origen a los nacidos fuera de España de un padre, madre, abuelo o abuela que perdieron o renunciaron a la nacionalidad tras exiliarse por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. La ley fijó un plazo de dos años para solicitarla, prorrogable uno más.

El litigio no se dirige contra la ley, sino contra la instrucción que el Ministerio de Justicia dictó una semana después de su entrada en vigor para aplicarla. Esa instrucción, firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, presume exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el golpe de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir prueba documental de que la salida fuera por persecución política. Esa presunción es la que el Supremo todavía no ha juzgado en el fondo.

Qué ha decidido el Supremo sobre el voto

El 10 de septiembre, a petición de Vox e Iustitia Europa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo adoptó una medida cautelar: suspendió las nuevas inscripciones de estos nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y congeló los efectos electorales de las ya hechas en cualquier proceso convocado mientras la medida siga en vigor. El tribunal habló de un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

La Abogacía del Estado recurrió. Alegó que revisar los expedientes antes del 29N era «materialmente imposible». La Fiscalía también pidió levantar la medida. El lunes 12 de octubre, la Sala rechazó el recurso por cinco votos a uno y mantuvo la cautelar sin cambios.

El tribunal razona que el derecho de voto no tiene «carácter absoluto» y debe ceder ante intereses generales como la veracidad del censo; reprocha a la Administración que no haya aportado datos sobre cuántos expedientes ha revisado, y califica su cumplimiento de «inexistente o, al menos, desconocido». La magistrada María Alicia Millán firmó un voto particular: sostiene que la convocatoria anticipada cambió la situación, porque la suspensión ya no afecta a elecciones futuras e hipotéticas sino a unas concretas, y que el perjuicio es «actual e irreversible».

A quién afecta la suspensión del voto de la ley de nietos: las cifras

Las cifras no siempre coinciden y conviene leerlas con cuidado:

• Nacionalizados por esta vía: 544.722 hasta junio de 2026, según datos del Gobierno recogidos por Infobae.
• Inscritos en el CERA: 369.017 de ellos, según la Abogacía del Estado.
• Con el voto suspendido: 163.020, los que ya figuraban en el censo cerrado el 1 de agosto de 2026, que es el que se usa el 29N. La Abogacía había estimado antes 168.896, y el Gobierno habla de «casi 170.000 expedientes».
• Censo exterior total: 2.769.645 electores residentes en el extranjero para el 29N, según datos de la Oficina del Censo Electoral del INE recogidos por Público, frente a 2.328.260 en las generales de 2023. Argentina encabeza la lista con 524.852 electores, unos 90.000 más que en las anteriores generales.

La suspensión no retira la nacionalidad a nadie. Lo que congela es la inscripción en el CERA y, con ella, la posibilidad de votar. Hay una excepción: no rige para quien obtenga del consulado una certificación, bajo responsabilidad del propio registro consular, de que adquirió la nacionalidad acreditando que es hijo o nieto de personas exiliadas por las razones que enumera la ley, a fecha de 1 de agosto de 2026.

El problema práctico: identificar a 163.020 personas

Ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA indican por qué vía obtuvo cada persona la nacionalidad, y estos españoles tienen el mismo DNI que cualquier otro. Para saber quién entró por la presunción de la instrucción y quién acreditó un exilio político hay que revisar los expedientes uno a uno.

Según elDiario.es, citado por El Plural, unos 76.000 expedientes pueden tratarse digitalmente y más de 80.000 deben revisarse a mano. Fuentes consulares explicaron a Infobae que cada uno puede llevar entre media hora y una hora. Solo en Buenos Aires llegaron más de 640.000 solicitudes tras la entrada en vigor de la ley. «Es imposible que realicemos una tarea que duró tres años en cinco días», resumió una fuente del consulado en esa ciudad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró el 14 de octubre, según EFE, que aplica las cautelares con «máxima diligencia», pero admitió que la ejecución «resulta muy compleja» para muchos consulados y advirtió de situaciones «paradójicas»: ciudadanos que votaron en las generales de 2023 o en autonómicas recientes probablemente no podrán hacerlo el 29N. No hay cifra oficial de cuántos son.

Qué vías quedan antes del 29N

A 15 de octubre, el calendario deja poco margen. Según Infobae, el auto debe publicarse en el Tablón Edictal Judicial Único para que los afectados puedan personarse como codemandados, con abogado y procurador, y oponerse a la medida en un plazo de cinco días. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solo pueden presentarlo los perjudicados directos, en 30 días desde que se agoten las vías previas, y el Gobierno estudia si puede acudir también. Queda, por último, el recurso contencioso-electoral contra la proclamación de electos, en los tres días siguientes a esa proclamación.

Actualización (20 de octubre). El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional la tarde del viernes 16 de octubre contra la suspensión del voto y pidió medidas cautelarísimas para que los nacionalizados puedan votar el 29N. No es parte en el procedimiento del Supremo, pero se apoya en el artículo 162.1 de la Constitución y en el 46.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Vox se ha personado ante el TC y pide inadmitir el recurso por «prematuro», porque no se ha agotado la vía judicial ordinaria, y rechazar las cautelarísimas. El lunes 19, según El Mundo y EFE recogidos por The Objective, un informe de los letrados del TC también lo considera «prematuro», porque se presentó «mientras había aún una puerta abierta para un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria», y la Sección Cuarta ha elevado al Pleno la decisión sobre su admisión, previsiblemente para el miércoles 21. El plazo para que los afectados se personen y presenten alegaciones sigue abierto hasta el 22 de octubre. A 20 de octubre, el TC no se ha pronunciado.

Actualización (21 de octubre, 14:00). El Pleno del Tribunal Constitucional inadmitió el miércoles 21 el amparo del Defensor del Pueblo por diez votos a dos. Lo considera prematuro: según las fuentes jurídicas citadas por EFE, «aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria», porque el plazo que el Supremo dio a los afectados para personarse y alegar contra la suspensión cautelar termina el jueves 22. El ponente fue Enrique Arnaldo; Ramón Sáez y Juan Carlos Campo votaron a favor de admitir el recurso y, según El Debate, anunciaron votos particulares, de modo que la decisión se notificará en un auto motivado. Con la inadmisión decae también la petición de medidas cautelarísimas, y la suspensión del voto acordada por el Supremo sigue en vigor. La siguiente palabra vuelve a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que, tras las alegaciones, podrá ratificar, levantar o modificar la cautelar, según El Español. Ese diario recuerda que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía podían acudir al TC en amparo, porque no son titulares del derecho de voto del artículo 23 de la Constitución. Es el decimoquinto recurso del Defensor del Pueblo en los 46 años del Constitucional.

Actualización (23 de octubre, 14:00). El Supremo ha rechazado el recurso del Gobierno para levantar la suspensión cautelar y endurece el tono. La Sección Cuarta de la Sala Tercera, con Antonio Narváez como ponente, ordena a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que remitan la lista nominal de los 163.020 afectados antes de las 15:00 del miércoles 28 de octubre, y les advierte de multas personales de 1.000 euros y de una posible investigación penal si no cumplen. Narváez califica el retraso de «incomprensible». Según los datos publicados, a 21 de octubre se habían revisado 31.390 expedientes y solo se habían emitido 91 certificaciones consulares. El auto convierte en provisionales las inscripciones en el CERA, con la advertencia de que eso «no les asegura participar en la votación», y fija un filtro: la documentación postal sale del 24 al 30 de octubre, pero entre el octavo y el tercer día antes de la votación los consulados cotejarán a los votantes con la lista depurada. El voto de quien no figure en ella se guardará en un sobre aparte, y las juntas provinciales solo escrutarán el de quienes tengan la certificación consular. La magistrada María Alicia Millán vuelve a discrepar: a su juicio, la decisión «rompe la seguridad jurídica» (Infobae; elDiario.es; El Español).

Actualización (23 de octubre, 23:00). Exteriores ha ordenado a las oficinas consulares trabajar este sábado y este domingo para intentar cumplir el plazo del Supremo. Según el ministerio, el martes 48 consulados habían completado total o parcialmente la verificación, un dato que no se ha actualizado desde entonces, y unas 70.000 personas que obtuvieron la nacionalidad en 2025 y 2026 figuran ya en el registro civil digital y están en manos de la Oficina del Censo Electoral. José Manuel Albares reconoce que será «muy difícil» completar el proceso a tiempo; Félix Bolaños asegura que el Supremo tendrá la lista en plazo y que el Gobierno está «haciendo todo lo humanamente posible» (Europa Press en Infobae; EFE en Infobae).

Actualización (24 de octubre, 08:30). Según The Objective, Exteriores ha fijado a los consulados un plazo interno: deben volcar sus datos en hojas de cálculo antes de las 15:00 del martes 27, un día antes de que venza el plazo del Supremo, y los registros consulares del CERA enviarán la documentación entre el 24 y el 30 de octubre, con el aviso de que los votos de los afectados serán provisionales. El mismo diario cuenta que los consulados pidieron en un informe seis meses para cumplir y que la documentación anterior a 2025 no está digitalizada. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, califica la incertidumbre de «impropia de una Administración como la española» (The Objective).

Actualización (27 de octubre, 12:15). El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el lunes 26 en RNE que las cifras van «avanzando a buen ritmo», que a los consulados «se les han puesto todos los medios que han solicitado» y que la demora se debe a la «poca documentación» de los expedientes, en un proceso que calificó de «laborioso»; no concretó cuántas inscripciones faltan ni a cuántas personas afecta (Qué!). El plazo interno de los consulados vence este martes a las 15:00 y el del Supremo, el miércoles 28 a la misma hora; a mediodía de hoy no he localizado una cifra oficial nueva de certificaciones. También hoy, la asociación Iustitia Europa ha pedido a la Sala Tercera del Supremo «medidas cautelarísimas» para que los votos de los inscritos en el CERA que obtuvieron la nacionalidad por el anexo III se reciban, pero «permanezcan separados y bajo custodia» y no se escruten hasta completar las verificaciones; según su escrito, a 31 de julio había 189.678 inscripciones por esa vía. Su presidente, Luis María Pardo, lo resume así: «A menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar» (ESdiario).

Mientras tanto, el calendario del voto exterior avanza: la consulta del CERA y las reclamaciones están abiertas del 12 al 19 de octubre, el primer envío de documentación sale entre el 24 y el 30 de octubre, el voto por correo se admite hasta el 24 de noviembre y las urnas en consulados abren del 21 al 26 de noviembre. Iustitia Europa llegó a pedir el 9 de octubre que se suspendieran las elecciones. La decisión sobre el fondo, si la instrucción de 2022 se ajusta a la ley, se espera después de las elecciones.

Las reacciones

El PSOE habló de «atropello» y Pedro Sánchez acusó el 14 de octubre a PP y Vox de querer «recortar» el voto. Ione Belarra, de Podemos, llegó a decir que «la Justicia es la mayor amenaza a la democracia». Alberto Núñez Feijóo sostuvo que no puede haber dudas sobre el censo y que el tribunal ha antepuesto el bien común a las prisas del Gobierno. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que «el Gobierno siempre acata las resoluciones».

Mi análisis

La campaña mezcla dos debates. Uno es legítimo y jurídico: si una instrucción administrativa pudo ensanchar una ley aprobada por las Cortes presumiendo exiliados a todos los que salieron de España durante casi dos décadas. El otro es político: si se está privando del voto a españoles por su origen. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y por eso la decisión es tan incómoda.

El fallo más grave no es del tribunal, sino de la Administración. La instrucción lleva en vigor desde octubre de 2022 y nadie diseñó un registro que permitiera saber por qué vía se concedió cada nacionalidad. Si en tres años no se ha montado un sistema para distinguir expedientes, el problema no aparece en septiembre de 2026: estaba ahí desde el principio.

Pero el voto particular señala algo que la mayoría no resuelve. Una cautelar sirve para evitar daños irreparables mientras se decide el fondo, y aquí el daño irreparable es justamente el que causa: si dentro de unos meses el Supremo concluye que muchas de esas nacionalidades se concedieron correctamente, nadie podrá devolverles el voto del 29N. Que quien votó en 2023 no pueda votar ahora con la misma documentación es difícil de explicar.

Lo razonable sería lo menos vistoso: acelerar las certificaciones consulares, publicar cuántos expedientes se revisan cada semana y que el Supremo fije fecha para la sentencia de fondo. Lo que no ayuda es convertir un problema de gestión en munición de campaña, ni acusando de fraude sin pruebas ni presentando a los jueces como una amenaza.

Un censo fiable y el derecho de voto no son enemigos. Lo que los enfrenta es una Administración que no sabe decir quién es quién.

Qué vigilar

1. Cuántas certificaciones consulares se emiten antes del 21 de noviembre y si Exteriores publica cifras semanales.
2. Si Justicia y Exteriores entregan la lista nominal antes de las 15:00 del 28 de octubre, como exige el Supremo, y cuántos votos acaban apartados en sobre separado.
3. Tras la inadmisión del amparo del Defensor del Pueblo el 21 de octubre, si algún afectado acude al Constitucional cuando el Supremo vuelva a pronunciarse y si el TC llega a decidir antes del 29N.
4. Si el resultado en alguna circunscripción queda tan ajustado que abra la puerta a recursos contencioso-electorales tras la proclamación.
5. La fecha de la sentencia de fondo sobre la instrucción de 2022 y qué pasa con quienes ya votaron en 2023.

Fuentes y documentos

• BOE (Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, disposición adicional octava).
• Consulado General de España en Lima (quién puede optar a la nacionalidad y plazos).
• Infobae (el Supremo mantiene la suspensión y voto particular, 12 de octubre de 2026).
• The Objective (votación de la Sala y reacciones, 12 de octubre de 2026).
• Infobae (cifras del censo, excepción consular y vías de recurso, 13 de octubre de 2026).
• Infobae (auto del 10 de septiembre y recurso de la Abogacía, 5 de octubre de 2026).
• EFE en Infobae (Iustitia Europa pide suspender las elecciones, 9 de octubre de 2026).
• EFE en Infobae (Exteriores avisa de que quienes ya votaron no podrán hacerlo, 14 de octubre de 2026).
• Infobae (los consulados alertan de que la revisión llevará años, 15 de octubre de 2026).
• El Plural (expedientes digitales y manuales, declaraciones de Elma Saiz, 15 de octubre de 2026).
• Público (datos de la Oficina del Censo Electoral para el 29N, 9 de octubre de 2026).
• La Moncloa (calendario del voto de los residentes en el extranjero).
• The Objective (el Defensor del Pueblo recurre en amparo ante el TC, 16 de octubre de 2026).
• El Debate (el Defensor del Pueblo acude al Constitucional, 16 de octubre de 2026).
• Europa Press en Teleprensa (Vox pide inadmitir el amparo y plazo de alegaciones hasta el 22 de octubre, 18 de octubre de 2026).
• The Objective (informe de los letrados del TC y elevación al Pleno, 19 de octubre de 2026).
• EFE en Última Hora (el TC inadmite el amparo del Defensor por diez votos a dos, 21 de octubre de 2026).
• El Español (ponente, votos discrepantes y qué queda pendiente en el Supremo, 21 de octubre de 2026).
• El Debate (votos particulares y medidas cautelarísimas, 21 de octubre de 2026).
• Infobae (el Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista, 23 de octubre de 2026).
• elDiario.es (lista nominal, advertencia penal y voto en sobre aparte, 23 de octubre de 2026).
• El Español (multas, posible delito y voto particular, 23 de octubre de 2026).
• Infobae / Europa Press (Exteriores ordena a los consulados trabajar el fin de semana, 23 de octubre de 2026).
• Infobae / EFE (Bolaños garantiza la lista en plazo, 23 de octubre de 2026).
• The Objective (plazo interno de los consulados hasta el 27 de octubre y críticas de los diplomáticos, 24 de octubre de 2026).
• Infobae (declaraciones de Pedro Sánchez, 14 de octubre de 2026).
• Qué! (declaraciones de Albares en RNE sobre la lista de la ley de nietos, 26 de octubre de 2026).
• ESdiario (Iustitia Europa pide al Supremo cautelarísimas sobre las inscripciones del anexo III, 27 de octubre de 2026).

El contexto de la convocatoria está en Elecciones generales del 29 de noviembre: calendario, encuestas y qué se juega, y para interpretar los sondeos de estas semanas, Cómo leer una encuesta electoral sin que te engañen: siete claves. Sobre por qué la memoria del exilio y el franquismo sigue dividiendo, puede leerse también La Transición española: qué se firmó, por qué hubo acuerdo y por qué sigue dividiendo.

Este análisis forma parte de la guía de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La entrada Ley de nietos y voto el 29N: 163.020 españoles en el limbo del Supremo se publicó primero en José M Giner.

La Transición no fue un acto de generosidad colectiva, sino un acuerdo entre partes que sabían que solas no podían ganar.

Qué se firmó: los cuatro textos que hicieron la Transición

1. Ley para la Reforma Política (1976)

El Gobierno de Adolfo Suárez la aprobó en Consejo de Ministros el 10 de septiembre de 1976. Su rasgo decisivo es que las propias Cortes franquistas votaron su disolución: la ley introducía un Parlamento elegido por sufragio universal. El 15 de diciembre de 1976 se sometió a referéndum, con una participación del 77,7 % y más del 94 % de votos favorables. El PCE y buena parte de la izquierda pidieron la abstención, sin efecto apreciable en el resultado.

En el acto del Congreso por su 50.º aniversario, el exministro de UCD Rafael Arias-Salgado la definió como una ley que mezclaba «continuismo jurídico» con ruptura, según Infobae. Esa mezcla es la clave de todo lo que vino después: se cambió de régimen sin romper la legalidad.

2. Las amnistías (1976 y 1977)

Hubo dos. El decreto aprobado el 30 de julio de 1976 excarceló a 287 condenados por delitos políticos y de opinión sin violencia, según Catalunya Press. Dejó fuera a buena parte de los presos comunistas y nacionalistas vascos.

La segunda, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, fue una de las primeras decisiones de las Cortes elegidas en junio de 1977. Tenía dos caras. Liberaba a los presos de la oposición, incluidos condenados por delitos de sangre anteriores a diciembre de 1976. Y, al mismo tiempo, cubría los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden en la persecución de esos actos. Esa segunda cara es la que hoy se discute.

3. Los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977)

Firmados por el Gobierno y los principales partidos con representación parlamentaria, eran sobre todo un plan de choque económico ante una inflación por encima del 20 % y un paro en aumento. Los sindicatos aceptaron moderar los salarios; a cambio, el Estado se comprometió a una reforma fiscal, a ampliar la protección social y a reformas políticas en libertades de reunión, asociación y prensa. Fue el precedente directo del método constituyente: negociar fuera del Pleno y votar después.

4. La Constitución (1978)

Redactada por siete ponentes de UCD, PSOE, PCE, AP y la minoría catalana, fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Votó el 67,1 % del censo y el sí obtuvo en torno al 88,5 % de los votos válidos. La excepción fue el País Vasco: el PNV pidió la abstención y en Álava, la provincia vasca con más apoyo, el sí se quedó en el 72,4 % con una participación del 59,3 %, según Gasteiz Hoy.

El texto fijó la monarquía parlamentaria, el Estado de las autonomías y un catálogo amplio de derechos. Y dejó abiertas, a propósito, dos cuestiones: el modelo territorial definitivo y la forma de tratar el pasado.

Por qué se llegó a un acuerdo

La explicación más sólida no es moral, sino de equilibrio de fuerzas. Hay hechos y hay interpretación, y conviene separarlos.

Los hechos. En 1976 el franquismo conservaba el control del Estado, del Ejército y de las Cortes, pero no tenía apoyo social suficiente para continuar sin Franco. La oposición tenía la calle, los sindicatos clandestinos y el respaldo europeo, pero no podía tumbar el régimen por la fuerza. La economía estaba en crisis y la violencia de ETA, del GRAPO y de la extrema derecha pesaba sobre cada paso.

La interpretación. Cada parte cedió lo que no podía conservar. El reformismo franquista renunció al régimen a cambio de una salida legal y sin juicios. La izquierda renunció a la ruptura y a la república a cambio de legalización, elecciones y amnistía. El PCE, legalizado en abril de 1977, aceptó la monarquía y la bandera. Fue una «ruptura pactada»: ni ruptura ni continuidad, sino un cambio de régimen negociado con quienes mantenían el poder.

Sobre todo pesaba un recuerdo: la Guerra Civil. Una mayoría de dirigentes de ambos lados la había vivido o heredado, y la prioridad era que no se repitiera. Esa prioridad explica tanto los acuerdos como los silencios.

El consenso de 1978 se construyó sobre lo que se decidió no discutir.

Qué está ocurriendo ahora: tres frentes abiertos

La Ley de Amnistía de 1977 frente a la memoria democrática

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece en su artículo 2.3 que las leyes españolas, incluida la de 1977, deben interpretarse conforme al derecho internacional, que considera imprescriptibles y no amnistiables los crímenes contra la humanidad y la tortura. No deroga la amnistía.

En la práctica, el Tribunal Constitucional cerró esa vía en 2024. Rechazó el recurso de un hombre detenido y torturado en Valencia en 1967 y mantuvo que la Ley de Amnistía sigue plenamente vigente, que los hechos han prescrito y que no puede aplicarse retroactivamente un delito que no existía en el Código Penal de la época, según elDiario.es.

Para unos, eso confirma que la Transición garantizó la impunidad. Para otros, confirma que el pacto de 1977 sigue siendo la base jurídica de la convivencia y que reabrirlo destruiría la seguridad jurídica. Las dos lecturas parten del mismo hecho.

La memoria como campo de batalla autonómico

Varios gobiernos autonómicos de PP y Vox han derogado leyes regionales de memoria y aprobado normas de «concordia». El 7 de julio de 2026 el Constitucional admitió el recurso del Gobierno contra la derogación en Baleares y suspendió sus efectos mientras decide el fondo, según The Objective. La memoria ya no se discute solo en el Congreso, sino comunidad por comunidad.

Las conmemoraciones como termómetro

El Gobierno abrió en enero de 2025 un programa de un centenar de actos por los 50 años de la muerte de Franco bajo el lema «España en libertad». Al acto inaugural no acudieron Alberto Núñez Feijóo ni el Rey, según Ara. El PP lo presentó como una maniobra de distracción.

En cambio, el acto del Congreso por los 50 años de la Ley para la Reforma Política, el 10 de septiembre de 2026, reunió a representantes del PSOE, del PP y de Sumar, según Infobae. La diferencia es reveladora: se celebra a la vez lo que se construyó, pero no se comparte el relato sobre lo que se dejó atrás.

Por qué siguen enfrentados

El enfrentamiento actual tiene tres causas que conviene no mezclar.

1. Un desacuerdo de fondo sobre el pasado. Una parte de la izquierda considera que la Transición cerró en falso la reparación de las víctimas del franquismo. Una parte de la derecha considera que reabrir el pasado rompe el pacto que permitió la convivencia. Ambas posiciones tienen argumentos y víctimas que las respaldan.
2. Un uso partidista del pasado. La memoria se ha convertido en un instrumento para movilizar al propio electorado. Cuando un Gobierno organiza actos y la oposición los boicotea, ambos obtienen algo: unos, un relato; otros, una denuncia de sectarismo. El coste lo paga el espacio común.
3. Una disputa sobre quién puede reinterpretar el pacto. La amnistía del procés de 2024 reabrió la pregunta sobre si una mayoría coyuntural puede usar instrumentos excepcionales que en 1977 se justificaron por un cambio de régimen. Unos la ven como continuidad del espíritu de reconciliación; otros, como una ruptura de ese espíritu.

Este clima conecta con lo que analicé en Polarización política en España: cuando cada bloque necesita al adversario como amenaza, los consensos fundacionales dejan de ser terreno compartido y pasan a ser munición.

Mi conclusión

La Transición funcionó porque resolvió lo urgente —elecciones, libertades, Constitución— y aplazó lo que habría hecho imposible el acuerdo. Ese aplazamiento fue una decisión, no un olvido.

Revisar hoy lo que se aplazó es legítimo en democracia. Lo que no es legítimo es hacerlo como si el acuerdo de entonces hubiera sido una trampa, ni defenderlo como si fuera intocable. El pacto de 1978 merece ser evaluado con los mismos criterios que cualquier otra decisión política: qué se ganó, qué se cedió y quién pagó el coste.

Fuentes y documentos

• BOE: Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
• BOE: Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
• Infobae (acto del Congreso por los 50 años de la Ley para la Reforma Política).
• Catalunya Press (amnistía de 1976).
• elDiario.es (Constitucional y crímenes del franquismo).
• The Objective (memoria democrática en Baleares).
• Ara (actos por los 50 años de la muerte de Franco).
• Gasteiz Hoy (referéndum constitucional en Álava).

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