Suecia ha ensayado cómo recoger, identificar y enterrar a militares muertos en una guerra. Ese ejercicio de preparación funeraria es real; convertirlo en una previsión de medio millón de víctimas sería otra afirmación, y las fuentes consultadas no la sostienen.
La cuestión merece algo más que el impacto de unas bolsas mortuorias. Obliga a examinar qué capacidad está construyendo el Estado, con qué recursos y bajo qué controles. También exige ordenar las fechas: un ejercicio militar, un estudio posterior y una planificación de cementerios iniciada años antes no son un único acontecimiento.
Aurora 26: qué ocurrió y cuándo
La fase principal de Aurora 26 se desarrolló del 27 de abril al 13 de mayo de 2026, con alrededor de 18.000 participantes, según la comunicación de la Iglesia de Suecia. Las Fuerzas Armadas anunciaron su cierre el 13 de mayo. Publicar ahora que el simulacro funerario sucedió «esta semana» desplazaría los hechos varios meses.
El comunicado militar del 7 de mayo documenta el ensayo de enterramiento temporal de 500 soldados ficticiamente fallecidos, al sur de la iglesia de Väddö. Participaron las Fuerzas Armadas, la Iglesia de Suecia, la Agencia Tributaria y el organismo de reclutamiento y evaluación. El supuesto incluía militares suecos, aliados y enemigos.
La misma fuente describe traslados desde el archipiélago bajo fuego simulado y sistemas administrativos preparados para practicar los registros. Es una descripción institucional del ejercicio, no una auditoría independiente que certifique la capacidad nacional ante una guerra prolongada.
Identificar a los muertos también es capacidad del Estado
La Iglesia explicó que se practicaban sepulturas individuales, con posibilidad de convertir en permanentes las temporales cuando fuese necesario. No describió fosas comunes. El comunicado militar precisó que la ceremonia de enterramiento de emergencia era neutral respecto de las convicciones personales. Presentar todo el procedimiento como una extremaunción luterana aplicada a cada maniquí no refleja esa descripción oficial.
Mi lectura es que la identificación constituye una infraestructura tan importante como el transporte. Un cuerpo sin registro fiable deja una familia sin respuesta y una administración sin trazabilidad. La coordinación entre instituciones se comprueba en tareas concretas: conservar la identidad, documentar cada traslado y poder localizar una sepultura.
Qué aporta el estudio y qué no permite concluir
El estudio de Jan Grimell, publicado el 28 de agosto de 2026 en Frontiers in Psychiatry, analiza experiencias del ejercicio mediante observación, cuestionarios cualitativos y cuatro entrevistas. Sitúa en más de 300 los militares participantes en la gestión de los fallecidos simulados.
Recoge problemas de documentación, etiquetas que se desprendían y deterioro del cuidado conforme aumentaba el cansancio. Propone una unidad especializada. Es una recomendación del investigador, no una unidad cuya creación esté acreditada por ese artículo.
El trabajo fue encargado y financiado por la jefatura de capellanes de las Fuerzas Armadas. Esa procedencia importa para evaluar el marco de la investigación, aunque no invalida sus observaciones. El propio autor reconoce límites: respondió al cuestionario aproximadamente un tercio de los participantes y las entrevistas no incluyeron soldados o marineros de base. El estudio examina una experiencia de entrenamiento; no calcula cuántos suecos morirían en un conflicto ni prueba la eficacia del sistema en combate real.
El 5 % es una referencia de capacidad, no un pronóstico
La administración funeraria de Gotemburgo explicaba ya en 2023 que había retomado una recomendación de reservar terreno para enterramientos equivalentes al 5 % de la población de su ámbito. Para la ciudad, lo traducía en cerca de 30.000 personas y unas 15 hectáreas, es decir, 150.000 m².
También preveía trabajar sin sistemas digitales, combustible o electricidad: mapas en papel, herramientas manuales y personal disponible. El problema no comienza cuando se agota un cementerio; puede comenzar cuando dejan de funcionar un crematorio o un registro informatizado.
Una proporción utilizada para dimensionar una reserva no expresa por sí sola la probabilidad de necesitarla. Para hablar de víctimas esperadas harían falta escenarios, duración, población expuesta y un método de estimación. Redondear esa referencia hasta «500.000 muertos» y tratarla como una predicción nacional introduce información que el porcentaje no contiene.
Gotemburgo: buscar terreno no equivale a haberlo comprado
Un reportaje de Associated Press del 28 de diciembre de 2024 hablaba de buscar al menos 40.470 m² adicionales para emergencias y otros 60.700 m² para necesidades ordinarias. Describía una búsqueda, no una compra cerrada. Situaba la aprobación y construcción en aproximadamente diez años, sin establecer ese plazo como un mínimo inevitable.
Esas superficies no coinciden con las 15 hectáreas de la estimación local. Sin expedientes que aclaren qué mide cada cifra, no deben presentarse como magnitudes equivalentes ni sumarse como si fueran suelo ya disponible. Y una dificultad local no demuestra, por sí sola, un déficit uniforme en todo el país.
Quién decide, quién paga y qué habría que fiscalizar
El beneficio institucional buscado es comprensible: mantener servicios y coordinación bajo condiciones extremas. Mi criterio es evaluar ese objetivo por sus resultados verificables. ¿Qué suelo está reservado? ¿Qué dotación existe? ¿Quién mantiene los equipos? ¿Qué fallos detectados tienen responsable, presupuesto y fecha de corrección?
Reservar terreno tiene un coste de oportunidad. Formar personal y adquirir medios también exige decisiones presupuestarias. Si se adjudican contratos, el análisis económico deberá identificar proveedores, importes y condiciones. Las fuentes aquí citadas no permiten atribuir ganancias concretas a empresas ni afirmar irregularidades.
La comunicación de la preparación produce además un efecto político: hace visible la posibilidad de guerra y puede favorecer la aceptación de nuevas prioridades. Esa es una interpretación del mensaje público, no una prueba de que el conflicto sea inminente. La fiscalización debe alcanzar tanto al gasto como a la forma de justificarlo.
Como en el análisis sobre cómo distinguir información e interpretación, el criterio consiste en mantener separadas las pruebas y las conclusiones. Prepararse para un escenario extremo exige recursos; convertir ese escenario en certeza exige pruebas que un simulacro no proporciona.
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